La Corte Penal Internacional continúa su mandato a pesar de las sanciones de Estados Unidos

La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, advirtió que continuará "cumpliendo con su mandato judicial", a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos. El fiscal Karim Khan ha sido identificado como la primera víctima de estas sanciones, decretadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en respuesta a la investigación de Israel por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

Reacción de la CPI

El tribunal lamentó que el Gobierno estadounidense haya designado a Khan, fiscal de la CPI, como sujeto de sanciones. Este es el primer y único nombre que apareció en un anexo a la orden ejecutiva firmada la semana pasada por Trump. La orden tiene como objetivo sancionar a los funcionarios de la Corte que emiten órdenes de arresto contra figuras políticas israelíes, como el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

La CPI reafirmó su compromiso de seguir cumpliendo su mandato judicial en beneficio de millones de víctimas inocentes de atrocidades. Además, instó a sus 125 Estados Partes, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo a unirse en favor de la justicia internacional.

Las sanciones y sus implicaciones

Las sanciones impuestas incluyen medidas económicas y de viaje, como la congelación de los activos en Estados Unidos de los afectados y una prohibición de entrada al país tanto para los sancionados como para sus familias. Sin embargo, se espera que estas medidas no afecten los viajes que Khan debe realizar a Nueva York para informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los avances en las investigaciones en curso en Libia y Sudán.

La postura de los países no miembros

Es importante recordar que países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción ni la respaldan en casos que les afectan a ellos mismos o a sus aliados. Sin embargo, cuando los crímenes se cometen en el territorio de un país miembro, como Palestina, la CPI tiene jurisdicción para abrir una investigación, incluso si los autores son nacionales de un país no miembro.