Justicia de EE.UU. acata orden judicial y congela fondo para aliados de Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes 1 de junio de 2026 que cumplirá con una orden judicial que congela temporalmente la creación de un controvertido fondo de compensación de casi 1.8 mil millones de dólares. El fondo estaba destinado a compensar a personas que, según la administración Trump, fueron víctimas de una "instrumentalización" del gobierno federal.

El bloqueo judicial y la respuesta del gobierno

La decisión se produce después de que la jueza de distrito Leonie Brinkema, en Alexandria, Virginia, emitiera una orden el pasado viernes para detener la implementación del fondo mientras se resuelve una impugnación legal en su contra. En un comunicado, el Departamento de Justicia expresó su "fuerte desacuerdo" con el fallo, pero confirmó que lo acatará. La jueza programó una audiencia para el 12 de junio para determinar si la suspensión debe extenderse.

El denominado 'Fondo Anti-Weaponization' fue establecido como parte de un acuerdo para resolver una demanda del presidente Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos. El objetivo declarado era ofrecer un proceso para que las personas buscaran reparación por "abuso, daño y odio" por parte del gobierno.

Fuerte oposición bipartidista

La creación del fondo generó una reacción negativa inmediata y generalizada, incluyendo a miembros del Partido Republicano. Los críticos argumentan que el mecanismo carece de supervisión judicial y podría convertirse en una "caja chica" (slush fund) para beneficiar a aliados políticos del presidente. Una de las mayores preocupaciones es que podría abrir la puerta a que participantes en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio reciban compensaciones financieras.

La demanda que condujo a la suspensión fue presentada por la organización de defensa legal Democracy Forward, que argumenta que el fondo es inconstitucional porque no tiene una base legal clara y discrimina por puntos de vista políticos. Según los demandantes, el fondo solo beneficiaría a personas alineadas con la administración Trump, violando la Primera Enmienda.

Implicaciones políticas y legales

La suspensión temporal representa un significativo revés para la administración Trump y pone de relieve las profundas divisiones, incluso dentro de su propio partido, sobre el uso de fondos públicos para fines considerados políticos. El caso pone a prueba los límites del poder ejecutivo para crear mecanismos de compensación sin una supervisión legislativa o judicial clara.

Aunque el Departamento de Justicia defendió que el fondo estaría abierto a "demócratas, republicanos, conservadores, independientes o de otro tipo", la percepción de favoritismo ha dominado el debate. El futuro del fondo dependerá de los argumentos que se presenten en la audiencia del 12 de junio y del resultado de la litigación pendiente.