Juez federal anula políticas migratorias de la era Trump contra 39 países

Un juez federal de Rhode Island anuló este viernes, 5 de junio de 2026, una serie de políticas de la administración Trump que paralizaron miles de trámites migratorios para ciudadanos de 39 países de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Próximo. El fallo califica las medidas como "ilegales" y determinó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) actuó fuera de la ley, dejando a innumerables solicitantes en un "limbo legal indeterminado".

Un Fallo Contundente

En una resolución de más de 130 páginas, el juez John J. McConnell Jr. dictaminó que las políticas que suspendían las decisiones sobre asilo, permisos de trabajo, residencias permanentes (green cards) y ciudadanía eran "contrarias a la ley, así como arbitrarias y caprichosas". La corte acusó a USCIS de violar no solo la legislación migratoria, sino también sus propias normativas y la Ley de Procedimiento Administrativo.

El magistrado sostuvo que la agencia gubernamental justificó sus acciones con pretextos de "seguridad nacional" que, en realidad, enmascaraban sentimientos antiinmigrantes. "El estado de Derecho tiene que aplicarse a todos por igual y, como es evidente aquí, el USCIS no ha 'seguido la ley'", sentenció McConnell en el documento.

Contexto de las Restricciones

Las medidas ahora anuladas fueron implementadas a finales de 2025, después de un incidente en Washington D.C. donde dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados. A partir de entonces, la administración endureció los criterios, considerando la nacionalidad de los solicitantes de los 39 países afectados como un "factor negativo significativo", lo que en la práctica congeló la resolución de sus casos.

Miles de personas que habían cumplido con todos los requisitos legales, como presentar la documentación, pagar las tasas y asistir a entrevistas, vieron sus solicitudes paralizadas indefinidamente. Esto afectó no solo a nuevos solicitantes, sino también a aquellos que estaban a punto de obtener la ciudadanía, provocando la cancelación masiva de ceremonias de naturalización.

Impacto y Consecuencias de la Decisión

La anulación de estas políticas representa una victoria significativa para las organizaciones de derechos de los inmigrantes y los sindicatos que presentaron la demanda en marzo. El fallo obliga a USCIS a reanudar el procesamiento de todas las solicitudes que habían sido suspendidas, abriendo la puerta para que cientos de miles de personas puedan obtener una resolución sobre su estatus migratorio.

Analistas legales señalan que esta decisión reafirma el principio de que el gobierno federal no puede discriminar basándose en el país de origen de una persona. La medida restablece la esperanza para miles de familias que se encontraban sin estatus legal, sin capacidad de trabajar y sin poder planificar su futuro debido a la paralización de sus trámites.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha respondido de inmediato, se espera que la decisión judicial siente un precedente importante contra futuras políticas migratorias restrictivas. El fallo subraya que los solicitantes afectados estaban, de hecho, "siguiendo la ley", y fue la propia agencia gubernamental la que actuó fuera de ella.