Juez anula tarifa de $100,000 impuesta por Trump para visas H-1B
La decisión judicial califica la medida como un "impuesto ilegal" no autorizado por el Congreso, eliminando una barrera económica significativa para empresas tecnológicas y profesionales extranjeros.

Un juez federal de Estados Unidos anuló este lunes 8 de junio de 2026 la controvertida tarifa de $100,000 dólares para las solicitudes de visas H-1B, impuesta por la administración del expresidente Donald Trump. El fallo del juez Leo Sorokin, del Distrito de Boston, determina que la tarifa constituía un "impuesto ilegal" que el Poder Ejecutivo no tenía autoridad para imponer sin la aprobación explícita del Congreso.
Fallo Judicial Clave
La decisión responde a una demanda liderada por el Fiscal General de California, Rob Bonta, y respaldada por una coalición de 19 estados. Estos argumentaron que la tarifa, implementada en septiembre de 2025, creaba una barrera financiera desproporcionada para los empleadores que buscan contratar talento extranjero calificado. El juez Sorokin coincidió con este argumento, señalando que "la sustancia y aplicación del pago de $100,000 revelan que es un impuesto, independientemente de cómo se le llame".
Contexto de la Medida
La administración Trump había justificado la imposición de la tarifa argumentando que el programa de visas H-1B se utilizaba indebidamente para desplazar a trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera más económica. Sin embargo, la medida fue criticada desde su anuncio por afectar directamente a sectores clave como la tecnología, la salud y la educación, que dependen en gran medida de profesionales altamente calificados provenientes del extranjero.
Antes de esta tarifa, los costos asociados a una solicitud de visa H-1B oscilaban entre los $960 y $7,595, una cifra considerablemente menor a los $100,000 establecidos por el decreto presidencial.
Impacto en la Industria y la Inmigración
La anulación de la tarifa es recibida como un alivio significativo para miles de empresas, especialmente en el sector tecnológico, que enfrentaban costos prohibitivos para la contratación de ingenieros, desarrolladores y otros especialistas. Se espera que la decisión reactive las solicitudes de visas H-1B y facilite la atracción de talento global a Estados Unidos.
Expertos en políticas migratorias señalan que el fallo reafirma la separación de poderes, limitando la capacidad del Ejecutivo para imponer cargas financieras de esta magnitud sin la debida autorización legislativa. A pesar de la victoria para los demandantes, se anticipa que la administración Trump apelará la decisión, por lo que el panorama legal podría seguir evolucionando en los próximos meses.
