Justicia española abre juicio oral contra Begoña Gómez por corrupción

El sistema judicial español ha dado un paso sin precedentes que sacude el núcleo del poder político. El juez Juan Carlos Peinado dictó este 20 de junio de 2026 la apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Medidas Cautelares Inéditas y Riesgo de Fuga

La decisión judicial, contenida en un auto de 84 páginas, incluye severas medidas cautelares que subrayan la gravedad de la situación. El magistrado ordenó la retirada inmediata del pasaporte de Begoña Gómez, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado. Estas acciones se justifican, según el juez, por un presunto riesgo de fuga.

De manera controvertida, el auto sugiere que la propia escolta policial asignada a Gómez podría facilitar una posible evasión, un argumento que ha sido calificado como "barbaridad" por sindicatos policiales y ha encendido el debate público y político. La decisión de abrir juicio oral no es recurrible, aunque la defensa de Gómez ha anunciado que apelará las medidas cautelares impuestas.

El Epicentro de la Trama Judicial

La investigación se centra en las actividades profesionales de Gómez, particularmente en su rol en una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. La acusación sostiene que habría utilizado su posición institucional como esposa del presidente para favorecer a empresarios, como Juan Carlos Barrabés, quien también será sentado en el banquillo. Los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción buscan determinar si se aprovechó de su estatus para obtener beneficios económicos para terceros de manera ilícita.

Tormenta Política y Acusaciones de 'Lawfare'

La reacción desde el Gobierno y el Partido Socialista (PSOE) ha sido contundente. Desde la Moncloa han calificado el auto como una prueba de "persecución" y "obsesión" del magistrado, denunciando una campaña de 'lawfare' o judicialización de la política con fines desestabilizadores. Ministros del gabinete han cerrado filas, describiendo la situación como una "ignominia" y un "escándalo democrático".

Por su parte, la oposición, liderada por el Partido Popular (PP), ha exigido responsabilidades políticas al presidente Sánchez, argumentando que la situación compromete la imagen y estabilidad del Gobierno. Consideran que el caso evidencia un problema de ética en el entorno del presidente y han intensificado sus peticiones de elecciones anticipadas.

El auto del juez Peinado marca un punto de inflexión, llevando la tensión política en España a su máximo nivel. El juicio, que será dirimido por un jurado popular, no solo determinará el futuro judicial de Begoña Gómez, sino que también tendrá profundas e impredecibles consecuencias para la legislatura de Pedro Sánchez y la confianza en las instituciones del país.