Nintendo multada con €35 millones en Francia por el "Joy-Con drift"
La sanción responde a la falta de información a los consumidores sobre un defecto de diseño conocido, lo que llevó a compras innecesarias y viola los derechos del consumidor.

Nintendo of Europe ha sido sancionada con una multa de 35 millones de euros (aproximadamente 46 millones de dólares) por la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) de Francia. La decisión, anunciada el 8 de junio de 2026, concluye que la compañía no informó adecuadamente a los consumidores sobre los defectos de "drift" en los controles Joy-Con de la consola Switch, una omisión que se extendió entre 2018 y 2020.
Falta de transparencia y el impacto en el consumidor
La investigación de la DGCCRF determinó que Nintendo estaba al tanto del defecto técnico, conocido popularmente como "Joy-Con drift", desde al menos 2018. Este fallo provoca que los joysticks de los controles registren movimiento sin ser tocados, afectando gravemente la jugabilidad. Sin embargo, la compañía no comunicó de forma transparente esta información a sus clientes hasta 2020.
Según la autoridad francesa, esta falta de información constituyó una práctica comercial engañosa. Al ocultar la existencia de un defecto inherente, muchos consumidores se vieron obligados a comprar controles de reemplazo innecesariamente, creyendo que el problema era resultado del uso normal y no de un fallo de diseño. La sanción no se centra en la existencia del defecto en sí, sino en la omisión deliberada de informar a los compradores sobre el mismo.
El largo historial del "Joy-Con Drift"
El problema del "Joy-Con drift" no es nuevo. Prácticamente desde el lanzamiento de la Nintendo Switch en 2017, usuarios de todo el mundo comenzaron a reportar el fallo. Las quejas masivas en redes sociales y foros especializados dieron paso a múltiples acciones legales, incluyendo demandas colectivas en Estados Unidos.
En Francia, la investigación de la DGCCRF se inició a raíz de una denuncia presentada en 2020 por la asociación de consumidores UFC-Que Choisir. Ya en 2019, esta organización había alertado sobre la posibilidad de que Nintendo estuviera incurriendo en "obsolescencia programada", una práctica que busca acortar deliberadamente la vida útil de un producto para incentivar su reemplazo. Francia cuenta con una de las legislaciones más estrictas de Europa en esta materia, considerándola un delito.
Responsabilidad corporativa y derechos del consumidor
Este caso subraya la responsabilidad de las corporaciones de ser transparentes con sus clientes sobre la calidad y durabilidad de sus productos. La legislación francesa y europea protege a los consumidores contra prácticas comerciales engañosas y defectos ocultos. La multa impuesta a Nintendo sirve como un precedente importante para la industria del videojuego y la electrónica de consumo, reforzando la idea de que el silencio ante un defecto conocido tiene consecuencias legales.
Aunque Nintendo of Europe ha acordado pagar la multa, la compañía emitió un comunicado en el que afirma que el acuerdo "no constituye una admisión de culpabilidad y refleja únicamente la resolución amistosa del procedimiento legal". No obstante, la empresa también deberá publicar un aviso sobre la práctica comercial engañosa en la página principal de su sitio web en Francia.
El impacto de esta decisión va más allá de la sanción económica. Refuerza los derechos de los consumidores a recibir información veraz y completa antes de realizar una compra y presiona a los fabricantes para que asuman la responsabilidad por los defectos de diseño, en lugar de transferir el costo a sus clientes a través de reparaciones y reemplazos.
